Los cimientos del Estado de Derecho radican en la técnica y el conocimiento especializado; sin embargo, su prioridad debe ser siempre el bienestar humano. Un jurista vale por sus acciones y por sus razones, no por sus relaciones.
Desde que ingresé a la Facultad de Derecho, en el ya no tan cercano 1994, me formé en la vieja escuela: códigos sobre la mesa, copias de libros conseguidas con esmero, jurisprudencias y tesis subrayadas (usualmente de años anteriores), cafés fríos a medianoche y un respeto absoluto por la doctrina, por mis maestros, por las grandes figuras del Derecho. Desde que culminé la carrera, el derecho administrativo y el fiscal han sido mi casa; la técnica y el estudio del derecho, mi herramienta cotidiana. Tuve grandes maestros fiscalistas que me lo enseñaron. No reniego de ello: el conocimiento ordena el pensamiento, ofrece método, exige coherencia. Pero entendí pronto que, si la técnica prevalece siempre como directriz de decisión, la justicia se minimiza. Lo que finalmente queda por escrito permanece; las personas, en cambio, vienen y se van.
No es romanticismo tardío, o si se quiere, temprano. Es lo que he visto en juzgados, tribunales, en pasillos y aulas: parte del gremio —y de la ciudadanía que consume Derecho— se deslumbra ante discursos rimbombantes que impresionan al que no sabe, pero no ilumina ni aporta a la justicia. A veces reina la elocuencia sofisticada sobre la solvencia. Se olvida que el propósito del Derecho no es la elegancia del texto o del discurso, sino la dignidad de quien lo necesita. El ciudadano no busca profetas; busca razones que entienda y que pueda respetar.
Muchos elegimos esta profesión en la adolescencia con una aspiración sencilla e incluso ingenua, pero contundente: transformar la sociedad, reparar injusticias, hacer el bien. He atestiguado con tristeza cómo varios de aquellos jóvenes con ilusiones que me acompañaron en la Universidad se rindieron bajo el pretexto de la aludida frase “el sistema te come”. Así, se diluyeron sus principios, sus valores e ideales; la vocación de servir se volvió trámite; el sentido cedió su lugar al procedimiento; el por qué se perdió ante el cómo. En ese transitar, el ejercicio del derecho se volvió frío, mecánico, distante del lado humano que lo justifica.
No hablo de abandonar el rigor, sino de recordar el propósito del derecho y la justicia. He leído resoluciones impecables en lo jurídico que, tristemente, ni por asomo atienden lo humano, el origen de todo. He visto tantos “simuladores del Derecho”, como los llama el maestro Burgoa: quienes, en discursos confusos, esconden su ignorancia y sus vacíos; presumen amistades como si fueran argumentos; prometen resultados porque “tienen contactos”, sin ofrecer razones legales. La pose ocupa el sitio de la sustancia y el daño no es solo reputacional: erosiona la confianza pública y ello ha cobrado ya factura.
A lo anterior se suma un fenómeno silencioso, pero masivo, casi pandémico: muchos colegas han dejado de estudiar. Ya no tocan un libro; con suerte hojean la ley, su literalidad, para enfrentar problemas complejos. El mundo se mueve —tecnologías, inteligencia artificial, prácticas sociales, globalización, criterios novedosos— y la formación parece inmovilizarse. Mis respetos para quienes siguen estudiando y actualizándose. Si vemos el derecho positivo (leyes, reglamentos, códigos, decretos, acuerdos y demás normas vigentes) como un mapa, sin estudio de la doctrina, sin jurisprudencia actualizada, sin diálogo con otras disciplinas y sin reflexión permanente, ese mapa, lejos de orientar, extravía. Cuando la lectura se vuelve esporádica y la reflexión escasa, la técnica se vuelve rutina; la rutina, error que alguien padece; y el abogado, obsoleto e incapaz de responder y servir. Lo más preocupante es que abogados postulantes, autoridades e incluso juzgadores, parecen no percatarse de ello, están convencidos que la productividad los convierte en los mejores.
Un abogado no es mejor por tener más relaciones ni por coleccionar selfies con autoridades, mucho menos por su récord de asuntos ganados. No lo engrandecen sus apellidos ni la cercanía con el poder. Un jurista vale por su integridad; por su claridad para explicar lo complejo de manera accesible; por su disciplina para estudiar cada día; por su humildad para aceptar y corregir errores; por su coherencia entre lo que dice y lo que practica, por ayudar y guiar a los ciudadanos que enfrentan un problema. Importa escuchar, valorar bien la prueba, razonar con pulcritud y tener el valor de discrepar con respeto cuando la ley y la razón lo exigen. Importa, sobre todo, recordar que detrás de cada asesoría o demanda hay personas reales cuyas historias no caben en un machote al que solo se le cambian datos.
Siempre he admirado a maestras y maestros que evitan el espectáculo. Hablan con mesura, exigen evidencia, admiten dudas, escriben con precisión, escuchan, aunque uno sea un novato ante ellos. No confunden convicción con obstinación: si el hecho no soporta el criterio, cambian de posición. Su carisma nace de la claridad, no de venderse como superiores intocables. Enseñan con el ejemplo para dejar claro que hablar de Derecho es un acto de respeto y que la sencillez no empobrece el pensamiento: lo hace útil.
Cuando el jurista coloca a la persona en el centro, la legitimidad se fortalece. La ciudadanía entiende por qué se decide lo que se decide; confía porque ve razones, no confusión. Por eso, cuando una institución resuelve con fundamento técnico y sensibilidad humana, no solo cierra casos: repara, previene, pacifica. Ahí cobra sentido hablar de un enfoque terapéutico: no de terapias, sino de una justicia que minimiza daño, dignifica el trato y busca que cada resolución deje a las partes mejor que como llegaron. La ley es el piso; el bienestar y la confianza pública, el techo —lo dije hace apenas unas semanas—.
En este horizonte, el país vive una etapa de cambio que, en su mejor lectura, busca un gobierno cercano y sensible, con libertades garantizadas y un humanismo que pone a la persona por delante de la inercia burocrática. El reto es volver realidad ese mandato: lenguaje claro, acceso efectivo a derechos y decisiones con sentido en la vida diaria. Si la promesa es un Estado más humano y eficiente, el Derecho debe hablar como tal y rendir cuentas.
También se habla de modernizar la justicia: hacerla más accesible y comprensible, con herramientas digitales que acerquen en lugar de alejar. Toda innovación vale si reduce la distancia entre el ciudadano y su derecho; si simplifica sin empobrecer; si acelera sin atropellar; si abre puertas sin perder garantías. El desafío no es implementar tecnología por moda, sino humanizar con eficiencia y eficacia.
Recuperar lo que nos hizo abogados no exige heroísmos. Pide lo sensato: estudiar de forma permanente; escribir con claridad; escuchar con paciencia; reconocer sesgos; mirar el contexto y no solo el expediente; preferir razones a cualquier presión; sustituir artimañas por argumentos. Una sola pregunta puede guiarnos: ¿puedo explicar esta decisión a alguien no especializado sin traicionar su exactitud? Si no puedo, quizá no está bien pensada. Si el derecho técnico no mejora la vida de las personas, tal vez solo sirve a mi ego.
Volvamos a los motivos que nos trajeron hasta aquí: servir, dignificar, cuidar. Menos espectáculo y más estudio; menos relaciones y más razones; menos sofisticación y más justicia. Que ningún ciudadano necesite un intérprete para entender las resoluciones que afectan su vida. Que la técnica jurídica sea un bisturí, nunca un instrumento para confundir o quitarnos el trabajo de encima. Que el Derecho vuelva a ser la mejor forma de proteger a nuestra comunidad y a sus integrantes.
Escribo esta reflexión con una motivación melancólica que me acompaña: un día, quizá pronto, abandonaré el Derecho. Sé que no lo dejaré mejor de lo que lo encontré, y esa verdad pesa. Pero también sé, con la serenidad de quien entregó horas, desvelos y convicciones, que lo intenté. Que cada resolución, cada palabra escrita, cada clase impartida llevó esa intención: aportar un grano de justicia a una tierra que a veces parece árida. Si algo queda de ese esfuerzo, aunque sea poco, habrá valido la pena.
Mtro. Luis Enrique Osuna Sánchez
Presidente del Colegio Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Capitulo Occidente y Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica.
